Escribe: Luis Alen. Si tanto le cuesta a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenar la imputación del clan liderado por Javier Zacarías I...
Si tanto le cuesta a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenar la imputación del clan liderado por Javier Zacarías Irún, a pesar de todas las evidencias con que cuentan los fiscales en contra de sus integrantes, ¿cuánto tiempo demoraría, por ejemplo, para llevarle al banquillo de los acusados a un Horacio Cartes?
A medida que se demora el procesamiento del clan ZI, al mismo tiempo crecen las sospechas de que se va rearmando un esquema de blindaje para los políticos corruptos, sean colorados cartistas o abdistas, sin olvidar a los liberales, que aprovechan la inacción fiscal en un caso que es emblemático para abroquelarse y retomar fuerzas con las cuales zafar de las investigaciones o la devolución de lo burlado al fisco, evitando así eventualmente hasta la cárcel.
La sospechosa arremetida de los indiciados por corrupción en la función pública, se acrecienta, tras la maniobra de las últimas semanas para armar comisiones a diestra y siniestra, especialmente en la Cámara de Diputados, para demorar al máximo la salida de parlamentarios como Carlos Portillo y otros colegas suyos, consiguiendo con ello ganar tiempo hasta que se declare “columna del medio” y se haga inevitable la firma de la “paz partidaria” que lleve al tan deseado pacto de impunidad, con el fin de blanquear definitivamente al cartismo y a otros próceres de Añetete y de los liberales.
Ahora se está aplicando aquel dicho según el cual: “se forma una comisión ex profeso para alargar la cuestión y no resolver nada”. Es lo que está sucediendo en el Congreso y que lleva a pensar en lo resuelta que está la clase política en evitar las investigaciones y seguir con el festín de la corrupción al que nos tiene acostumbrados desde hace años.
Leer la nota completa en Primera Plana
