Según lo detectado por la SET, desde la Gobernación de Central habrían presentado facturas apócrifas para “blanquear” gastos de los fondos recibidos para hacer frente a la pandemia, unos USD un millón aproximadamente.
Duplicaron facturas y los comercios que supuestamente proveyeron a la Gobernación a cargo de Hugo Javier, nunca prestaron tales servicios, según lo detallado por Óscar Orue, viceministro de Tributación en conferencia de prensa.
“Consideramos que además de daño patrimonial hay frustración a la persecución penal, ya que las facturas presentadas por la Gobernación de Central eran adulteradas y la segunda rendición reemplazó esas facturas para simular nuevos hechos”, aseguró René Fernández, ministro anticorrupción.
Fernández detalló además que los tipos penales enunciados son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa, manipulación de gratificaciones técnicas y frustración de la persecución penal.
Ante esto, el gobernador Hugo Javier se expone de entre 5 a 10 años de prisión.
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