Una nueva propuesta de reinserción busca que inicialmente 100 empresas proveedoras del Estado contraten como funcionarios a personas privadas de libertad y ex internos. Esto es una oportunidad para que tengan un trabajo seguro, no reincidan y como parte de una lucha contra la inseguridad.
Como parte del programa de reinserción social, la Comisión de Desarrollo Social del Senado se encuentra impulsando el proyecto de Ley que buscan que convictos y ex convictos puedan acceder a trabajos seguros y formen parte del plantel de funcionarios de empresas proveedoras del Estado.
El senador Arnaldo Samaniego, presidente de la comisión, dijo que se trata de un planteamiento que “crea una exigencia para que aquellas empresas proveedoras del Estado, de bienes y servicios, tengan en su plantilla de personal un porcentaje de personas que egresaron del programa de reinserción”.
Y no solo ellos, sino también para internos que siguen cumpliendo su condena, pero que ya tienen salidas transitorias, o los que están en régimen de semi libertad y libertad condicional.
Ayer, se llevó adelante una reunión extraordinaria de la Comisión, en el que estuvieron presentes representantes de varias instituciones, como del Ministro de Justicia, de Trabajo, del Instituto de Previsión Social (IPS), del Banco Nacional de Fomento (BNF), de la Agencia Financiera de Desarrollo, y de otras más.
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