Hay casos en que la justicia es implacable con los pobres, un rigor que contrasta con el trato blando que reciben los poderosos. Los dos años que un joven tuvo que esperar en prisión para su juicio porque un policía le habría plantado evidencias para agravar el delito por el cual era acusado, demuestra una vez más que frente a la ley hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Apropiarse de botellas de agua, chapas de madera terciada o baldes de pintura se pena más severamente que robos multimillonarios de guante blanco. Aquí, un recuento de casos que evidencian esta diferencia:
Lucas Daniel Cañete Silva (20) lleva más de dos años preso porque fue acusado por robo agravado, que tiene una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. Hasta hace dos meses, toda persona imputada por un supuesto delito con más de cinco años de expectativa no podía acogerse al beneficio de medidas alternativas a la prisión. Grande fue la sorpresa en su juicio cuando un testigo confesó que un policía la indujo a decir que el sospechoso tenía un arma blanca a fin de que permaneciera más años en la cárcel.
Hoy se informó que el joven, que robó un par de championes y ropas cuando tenía 18 años, finalmente fue condenado a tres años y medio por robo simple al cambiar “a los 90 minutos” la acusación. Pero el procesado -según nuestro Estado de derecho- debería haber tenido la garantía constitucional de litigar en libertad y cumplir su pena una vez que la sentencia estuviera firme. La evidencia falsa fue determinante para que quede arrestado todo este tiempo.
Hoy también el Juzgado le concedió al exsenador Óscar González Daher, a su hijo Rubén González Chaves y al expresidente del Indert Justo Cárdenas permiso para que salgan de sus casas, donde guardan arresto domiciliario, “para que puedan trabajar”. González Daher y su hijo están acusados de enriquecerse y lavar casi G. 60.000 millones del erario público, en tanto que Cárdenas no puede justificar G. 2.600 millones de su patrimonio que se sospecha que también salieron de las arcas del Estado. Los tres estuvieron solo 8 meses presos y ahora están en sus casas aguardando juicio, mientras que...
Es obvio que el joven ladrón debe ser castigado conforme a la ley, al igual que los políticos corruptos. Pero en la Justicia el que tiene menos poder y menos recursos para defenderse, como Lucas Cañete, que era pobre, poblador de un bañado y era representado por una defensora pública (María Lourdes Benítez), no tiene el mismo trato que, por ejemplo, González Daher, su hijo y Cárdenas, quienes disponen de contactos políticos, influencias y los bufetes de abogados más “prestigiosos” en cuanto a defender a delincuentes de guante blanco.
Leer la nota completa en Diario ABC
