El acceso a la información es un principio constitucional (art. 28 de la CN) que entra en armonía con el régimen democrático de gobierno instaurado en la Constitución (art. 1 CN). El art. 2 de la ley 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” define a la información pública como: […]
El acceso a la información es un principio constitucional (art. 28 de la CN) que entra en armonía con el régimen democrático de gobierno instaurado en la Constitución (art. 1 CN).
El art. 2 de la ley 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” define a la información pública como: “Aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes”. Esa última frase “por las leyes” resulta crucial.
Entonces, según el art. 2 de la ley 5282/2014, toda información sobre las vacunas contra el COVID-19 que haya sido obtenida o esté bajo control o en poder de algún organismo del Estado Paraguayo (como el Ministerio de Salud u otros) es información pública, salvo que exista una ley que le dé carácter reservado o secreto.
Pero hasta el momento no existe ninguna ley que otorgue carácter reservado o secreto a las operaciones del Gobierno Paraguayo para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
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