Desde que Santiago Peña asumió la Presidencia de la República, el Instituto de Previsión Social utilizó 27 millones de dólares del dinero de los aportantes en “gastos judiciales”, 61% más que la suma de todo lo destinado para ese fin durante los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez juntos. Los pagos se hicieron al margen de la legislación administrativa e ignorando advertencias expresas del Ministerio de Economía. Las resoluciones contaron con la anuencia/complicidad del Consejo de Administración encabezado por Jorge Brítez e integrado por “representantes” supuestamente encargados de velar por el interés de los asegurados, todos nombrados y sostenidos por el Poder Ejecutivo. El flamante “órgano supervisor”, que en teoría entró en funciones el 1 de enero, brilla por su ausencia.
Todo esto se mantuvo convenientemente oculto. Solo se sabe por filtraciones a través de la prensa a raíz del meteórico, y hasta ahora inexplicado, ascenso patrimonial del entonces director jurídico del ente, José “José’i” González Maldonado, cuyos bienes declarados se incrementaron 215% en quince meses y a quien se lo ha identificado en redes sociales haciendo ostentación de muy buen vivir. González Maldonado se vio forzado a renunciar, pero hay derecho a suponer que no es el único que pasó a “estar mejor”.
González y su colega Jorgelina Gómez, jefa de Dictámenes y Contratos, son quienes remitieron los informes jurídicos para los millonarios pagos, pero la aprobación final vía resolución recayó sobre el Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez y conformado por Gustavo González Maffiodo por el Ministerio de Salud, Carlos Pereira por el Ministerio de Trabajo, José Jara Rojas, Víctor Insfrán Dietrich y José Emilio Argaña Contreras, en “representación” de los jubilados, trabajadores y empleadores, respectivamente. Todos ellos gozan de altos salarios y múltiples privilegios. Este año...
Desde septiembre de 2023 hasta el cierre de 2025, el IPS utilizó 177.657 millones de guaraníes bajo el “rubro 915”, dedicado a “gastos judiciales”, para llegar a acuerdos con proveedores sin ninguna transparencia y con fundadas sospechas de arreglos bajo la mesa y jugosos “incentivos”.
Uno de los hechos muy llamativos tiene que ver con el monto desmedido. En los ocho años anteriores, desde 2015 hasta agosto de 2023, el total de ejecución del mismo rubro fue de 109.729 millones de guaraníes, un promedio de 2 millones de dólares por año. Repentinamente, pasó a 1 millón de dólares ¡por mes! desde que se hizo cargo la actual administración.
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