Karina Gómez CORDILLERA Un Tribunal de Cuentas autorizó a un consorcio privado a retomar la perforación de un pozo para extraer agua del Acuífero Caacupé, pese a la negativa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La medida cautelar enrarece el clima en Atyrá, cuyos pobladores se oponen a que esta reserva de agua se destine para el llenado de un lujoso lago artificial. No tenemos agua desde hace años y quieren llevarse lo poco que queda para un lago artificial”, dijo Andrea Argüello, presidenta de la comisión Defensa del Agua, desde Zanja Jhu, donde ha montado guardia ya que allí está el pozo. La verdad es otra: Se intenta garantizar agua dulce para un barrio cerrado de 90 hectáreas entre Ypacaraí y San Bernardino, con 545 lotes, edificios para 135 departamentos y un lago artificial Crystal Lagoon, promocionado como ‘la mayor superficie de playa del mundo’”, reza parte de un comunicado compartido por el abogado Víctor Samaniego, asesor jurídico de la comisión.
Un Tribunal de Cuentas autorizó a un consorcio privado a retomar la perforación de un pozo para extraer agua del Acuífero Caacupé, pese a la negativa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La medida cautelar enrarece el clima en Atyrá, cuyos pobladores se oponen a que esta reserva de agua se destine para el llenado de un lujoso lago artificial.
Más aún en un contexto de carencia del vital líquido. Sin embargo, ahora la tensión vuelve ya que con la orden judicial, las firmas Petrohue Real Estate SA y Highlands Park & Lagoon SA podrán continuar con la excavación del pozo tubular profundo para su megaproyecto inmobiliario en Yparacaí.
El Mades había ordenado –mediante la resolución N° 1097/2025– el cese inmediato de todas las perforaciones por riesgos ambientales.
Ahora, con la nueva orden judicial, la Policía Nacional está autorizada a intervenir en cualquier momento para “garantizar”, según la resolución firmada por la jueza María Celeste Talavera, presidenta del Tribunal de Cuentas, los trabajos que lleva adelante el consorcio. Esto supone la “reconexión de los pozos”, algo que los pobladores ya anticiparon que no permitirán.
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