La reciente huelga de médicos y la inicial respuesta a las demandas de que no había recursos para satisfacerlas ha coincidido con el inicio del estudio del Presupuesto en el Parlamento. 39.899.800.000 para servicios de medicina prepaga y de salud del Poder Legislativo, equivalentes a unos USD 6,2 millones al cambio actual, y al desagregar montos se observan que algunas partidas incluso registran incrementos respecto al presupuesto vigente. 19.848 millones, unos USD 3,3 millones al seguro médico privado, casi G. 948 millones más que lo presupuestado actualmente, y para el Senado proyecta gastar G. 13.350 millones, alrededor de USD 2,2 millones, lo que representa un aumento de G. 800 millones, USD 123.877 al cambio estimado por el Ministerio de Economía, se da en un contexto de crisis sanitaria y, sobre todo, de déficit del proyecto del Presupuesto General del 3,9%, como consecuencia de deudas con constructoras y farmacéuticas. Precisamente, con un presupuesto que no calza el Congreso prevé para el 2027 destinar 13.768 millones, unos USD 2,1 millones para los funcionarios que tengan cargos de responsabilidad, en el marco del escalafón del personal.
La reciente huelga de médicos y la inicial respuesta a las demandas de que no había recursos para satisfacerlas ha coincidido con el inicio del estudio del Presupuesto en el Parlamento. Sin embargo, contradictoriamente al discurso, el PGN 2027 incluye recursos para pagos adicionales para altos cargos y el pago de seguros de salud privados para el Parlamento.
Cuando se habla del Presupuesto los expertos refieren con frecuencia dos cuestiones fundamentales. Una es la eliminación de los gastos superfluos y la otra es mejorar la calidad del gasto público.
Lamentablemente, cada año se dejan de lado ambas recomendaciones. Y son precisamente quienes estudian, retocan y aprueban el Presupuesto cada año quienes tienen en sus manos eliminar los gastos innecesarios, los privilegios y elevar la calidad del gasto.
El Congreso Nacional ha ido con los años acumulando privilegios. El primero de ellos es la impunidad que tienen diputados y senadores cuando faltan a las sesiones, el único día de la semana que deben presentarse y trabajar, que es de hecho para lo que fueron electos. Dicho privilegio no lo tiene ningún trabajador en el país, quienes a diferencia de los parlamentarios, si faltan no cobran o si llegan tarde sufren descuentos. Este es verdadero dilema, pues deben ser los mismos parlamentarios quienes decidan imponer medidas para limitar y penar las ausencias a las sesiones.
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