Unas 23.000 hectáreas de bosques fueron destruidas ilegalmente tan solo en este año, según datos del Infona, pero a pesar de que los organismos del Estado cuentan con un conocimiento preciso de los graves delitos ecológicos, es poca o casi nula la acción para castigar a los responsables y poder detener la acelerada extinción de los últimos recursos forestales. Ayer, en el Día Mundial del Medio Ambiente, una organización no gubernamental presentó ante la Fiscalía la primera denuncia de deforestación ilegal en el Chaco con base en imágenes de satélites, una tecnología disponible que, sin embargo, el Gobierno aún no la está utilizando. Urge reaccionar para no dejar un país con un medioambiente arrasado a las próximas generaciones.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, que se recordó ayer, directivos del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) presentaron ante la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, una denuncia sobre deforestación ilegal de unas 4.000 ha. de bosques en el Chaco, la primera que es sustentada en comprobaciones realizadas con base en datos de Catastro e imágenes captadas por satélites, mostrando el grave daño ecológico que se ocasiona a los recursos naturales del país.
La denuncia es solamente una parte de la magnitud del problema. En otro informe publicado ayer por este diario, se revela que los datos del propio Instituto Forestal Nacional (Infona) revelan que tan solo en lo que va del año 2019 ya se habrían desmontado ilegalmente unas 23.000 hectáreas en todo el país. Es decir, el propio organismo estatal encargado de controlar el área forestal asume la gran dimensión del crimen ecológico que se comete, pero desde el Estado y particularmente desde el sistema de Justicia se está haciendo muy poco o casi nada por detener la acelerada deforestación.
En años anteriores se podía alegar que no existían recursos suficientes para enviar patrullas de guardabosques a zonas aisladas del país para ejercer un control más estricto de las áreas deforestadas. En la actualidad, sin embargo, tal como lo vienen demostrando organizaciones no gubernamentales que realizan un monitoreo permanente del problema, como Guyra Paraguay o IDEA, la tecnología disponible permite comparar datos a través de imágenes satelitales de distintas épocas, cruzándolas con datos de catastro, para establecer con precisión las superficies que han sido desmontadas ilegalmente,...
Lo llamativo es que organizaciones de sectores privados realizan este control con uso de la tecnología, pero el Estado aún no lo puede hacer. Ni siquiera se puede argumentar que es por falta de presupuesto, ya que existen sistemas informáticos de uso libre y gratuito para acceder a las imágenes satelitales, por lo que solo se puede concluir que es por falta de voluntad política para detener la acelerada destrucción de los últimos bosques que aún quedan en el país.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
