Sala Penal: Planteo de hábeas corpus para revocar resoluciones desnaturaliza dicha garantía

Sala Penal: Planteo de hábeas corpus para revocar resoluciones desnaturaliza dicha garantía

La Sala Penal de la Corte no hizo lugar al Hábeas Corpus reparador planteado por la defensa de Carlos Rubén Brítez Torres, taxista, procesado por haber caído con 71,800 kilos de cocaína que pertenecerian a la organización criminal liderada por Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. Afirman que el mismo se encuentra recluido hace cinco años […]

La Sala Penal de la Corte no hizo lugar al Hábeas Corpus reparador planteado por la defensa de Carlos Rubén Brítez Torres, taxista, procesado por haber caído con 71,800 kilos de cocaína que pertenecerian a la organización criminal liderada por Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. Afirman que el mismo se encuentra recluido hace cinco años y ocho meses. Los hechos punibles atribuidos a Brítez son tráfico, tenencia y comercialización de drogas peligrosas y asociación criminal.

Según la garantía promovida por el abogado Edgar Osorio Cardozo, su representado se encuentra privado de libertad por un tiempo aproximado de cinco años y ocho meses, lapso que supera con creces la pena mínima, por todo ello, manifiesta que la privación de libertad se ha toma o ilegal e ilegítima por lo que recurre a esta instancia judicial en Habeas Corpus.

La preopinión del ministro Luis Benítez Riera, pone énfasis en los presupuestos legales del Habeas Corpus Reparador para su procedencia, para la cual es requerida la presencia de una ilegalidad en la privación de libertad de la persona situación que, en caso de verificarse fehacientemente, debe ser inmediatamente corregida por afectar un derecho fundamental de la persona cual es la libertad.

“Luego de haber analizado de manera minuciosa los argumentos del recurrente y las circunstancias del caso, debo decir que la Sala Penal no puede erigirse como una Tercera Instancia y fungir de órgano jurisdiccional revocador de resoluciones judiciales de jueces naturales a quienes la ley procesal penal les ha conferido competencias para dictar resoluciones en cuestiones como las que hoy nos ocupa.

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