La gestión irregular de los presupuestos públicos que tiene al borde de la destitución a la presidenta Dilma Rousseff abunda en la administración pública brasileña, pero a pesar de que Constitución lo prevé, hasta ahora no ha sido castigada.
EFE - Eduardo Davis En el proceso, que concluirá entre martes y miércoles y en el que Rousseff presenta hoy sus alegatos finales, la gobernante responde por lo que la acusación califica de "delitos de responsabilidad", para los que la Constitución contempla como pena la destitución y la suspensión de los derechos políticos por un plazo de ocho años. La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se abrió el proceso, el pasado 12 de mayo, está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública...
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