El legislador no explicó por qué sus funcionarios no estuvieron ni siquiera cerca del Congreso los días en los que él asistió a sesiones. En realidad, prestaban servicios en propiedades de su familia.
Desde su imputación hasta ahora, el parlamentario cartista aún no se refirió sobre el registro de ubicación de celulares, las pericias a planillas de asistencia y los informes que lo incriminan. Todos estos elementos confirman las publicaciones de ÚH que motivaron la pesquisa fiscal, Rivas hizo figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara a tres personas que en realidad solo trabajaban en propiedades de su familia en Ybycuí, Lambaré y María Antonia.
Sus caseros, Lucio Romero, Reinaldo Chaparro y Nery Franco, fueron citados para una audiencia preliminar para el próximo 10 de junio. Ahí la jueza Letizia Paredes deberá decidir si eleva o no el caso a un juicio oral y público.
Por su parte, Rivas recién fue procesado el pasado jueves tras su desafuero y ahora la Fiscalía Anticorrupción tiene cuatro meses para investigarlo y luego pedir un juicio oral, una salida alternativa o su sobreseimiento.
LLAMADAS. La imputación en contra de Rivas y sus caseros tiene como principal elemento el registro de ubicación de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de Romero, Chaparro y Franco. Se trata de las líneas telefónicas que estos declararon como suyas ante la Dirección de Recursos Humanos de Diputados al ser contratados.
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