El Tribunal de Sentencia Especializado revocó la convocatoria a juicio oral fijado para el 30 de agosto pasado, en relación a la causa contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, acusado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, lavado de dinero y otros hechos. La defensa comunicó la presentación ante […]
El Tribunal de Sentencia Especializado revocó la convocatoria a juicio oral fijado para el 30 de agosto pasado, en relación a la causa contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, acusado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, lavado de dinero y otros hechos.
La defensa comunicó la presentación ante la Corte de un recurso contra la decisión de la Cámara de Apelación que confirmó la elevación a juicio oral. Los jueces indicaron que, si bien la decisión recurrida no está prevista entre aquellas que pueden ser recurridas por medio de la casación ante la Sala Penal y que «a todas luces constituye un recurso que es interpuesto con fines dilatorios», no obstante, el art. 454 del Código Procesal Penal (CPP) dispone que la resolución recurrida no será ejecutada mientras se encuentre en trámite el recurso. Es decir, la Corte deberá resolver el...
Recordemos que, la defensa había apelado los puntos que hacen referencia al rechazo de pedidos de nulidad de la acusación, no obstante, para la Alzada, el Juez de Garantías fundamentó correctamente su resolución respecto a los mismos. El caso guarda relación con la lujosa embarcación de USD 450.000 que Roa habría recibido a cambio de otorgar licitaciones sobrefacturadas al grupo Tapyracuai S.A, propiedad de Koube, también acusado en el caso A Ultranza Py.
Según la hipótesis del Ministerio Público existe certeza de que Joaquín Roa, cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) desde agosto del año 2013 hasta febrero del año 2022, recibió beneficios económicos por parte de Alberto Koube a cambio de favorecer al Grupo Tapyracuai S.A., que fue adjudicado con al menos once licitaciones y ordenó pagos por un valor aproximado de Gs. 16.080.000 000 provenientes del fondo de emergencia.
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