No hay mucho que agregar a lo que ya se ha dicho y se sigue diciendo sobre la reunión a escondidas que tuvieron seis ministros de la Corte Suprema con el presidente de la República y otras personas.
No es, todavía, un quiebre institucional porque, hasta donde se publicaron las cosas, no se afectó el funcionamiento de nuestra Constitución como con la reelección vía enmienda o como el golpe de abril del 99 (“marzo paraguayo”). Todavía.
Pero estas reuniones, las famosas “interinstitucionales”, sean públicas o privadas, secretas o anunciadas, constituyen un riesgo en todos los casos porque diluyen la división de poderes.
La división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fue conceptualizada por Montesquieu a partir del desarrollo institucional británico (cuando el Reino Unido caminaba hacia la democracia, no ahora que camina hacia el totalitarismo) y es la garantía fundamental de la libertad: Donde no hay división de poderes, no hay libertad y, de hecho, la concentración del poder implica dictadura.
En nuestro país, la dictadura sanitaria de 2020 muestra en toda su crudeza que Montesquieu tenía razón: A principios de aquel fatídico año, los integrantes de los tres poderes de nuestro Estado se reunieron para suspender de un plumazo la vigencia de nuestra Constitución y reemplazarla por unos perversos permisos otorgados por el ministerio de Salud, sin ninguna base científica que, aún cuando existieran, que no existieron, nos convirtieron a todos en seres despojados de derechos, conejillos de indias del más corrupto experimento social del siglo XXI.
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