(*) Andrés Serbin
México, Brasil y Venezuela –como la situación más preocupante– aparecen como los casos más evidentes, pero otros países no escapan a esta tendencia general. De hecho, en numerosos casos, la pandemia y las normas impuestas por las cuarentenas que decretaron e impusieron los gobiernos en el marco de políticas de prevención han sido utilizadas como pretexto para incrementar el control, la vigilancia y la reducción de los espacios cívicos. En especial porque tendencias prepandemia –que se profundizan y aceleran–, son aprovechadas por algunos gobiernos –tanto de izquierda como de derecha– para...
Si asumimos una concepción del espacio cívico como un ámbito en que los ciudadanos o la sociedad civil se organizan, debaten y actúan –entre los estados, las empresas y la familia–, en defensa de bienes públicos y derechos ciudadanos, las medidas impuestas en el marco de la pandemia han acelerado la reducción de estos espacios tanto a nivel local y nacional, como regional e internacional. Situación que alarma a la comunidad internacional en general como a la comunidad internacional de derechos humanos en particular.
El reclamo por sus derechos y por el derecho de incidir sobre las políticas públicas, de poder desarrollar interlocuciones con los tomadores de decisiones a nivel gubernamental e intergubernamental; el derecho de asociarse, expresarse y actuar de forma libre en el marco de la ley, han sido severamente reprimidos por diversos mecanismos legales, ilegales o extralegales –es decir por fuera de la ley–, eventualmente con el uso de violencia física.
Adicionalmente a las medidas legales y a los mecanismos ilegales y extralegales aplicados para desempoderar a la sociedad civil y para reducir su capacidad de expresión y de incidencia –en un giro orwelliano– las nuevas tecnologías han servido asimismo para acelerar la represión de los espacios cívicos dónde se expresan los ciudadanos, a través de diversos mecanismos de control, vigilancia, distorsión, censura e intervención en las redes sociales.
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