Por Wendy Marton – En Tw @WendyMarton
A fines de 2013 se aprobó una de las leyes más importantes del país en materia económica. El proyecto fue elaborado por el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti y aprobado durante los primeros meses de gobierno de Horacio Cartes: la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El principio de esta normativa es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica y preservando el equilibrio entre los ingresos y gastos.
Asimismo, fijó cuatro puntos básicos para el sector público: que el déficit fiscal (más gastos que ingresos) no debe superar el 1,5% del PIB; que el incremento del gasto corriente primario (gasto total, excluyendo pago de intereses) no exceda a la tasa de inflación interanual más el 4%; que no se puedan incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario mínimo del sector privado; y, finalmente, que en años electorales, el gasto corriente primario –entre enero y julio– no sea mayor al 60% del presupuesto aprobado para ese año, excluyendo al Poder Judicial...
Para cumplir el tope del déficit fiscal fijado en la ley, el Ministerio de Hacienda cambió la forma en que medía las cuentas fiscales. Hasta el año 2014, utilizaba el "Manual de estadísticas de las finanzas públicas" del año 1986 del FMI, y desde el año pasado utiliza una versión del año 2001. Con esto, gastos que anteriormente incrementaban el déficit fiscal, fueron reubicados, por usar un término, y con ello el saldo negativo de las cuentas fiscales disminuyó.
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