La crisis del covid-19 en América Latina ha demostrado la vulnerabilidad de la región. Caracterizada por sus altos índices de pobreza y nivel de informalidad, los ingresos de los trabajadores de países latinoamericanos han sido altamente golpeados por la pandemia. Países como Bolivia, Chile y Colombia ya vienen de un año plagado de estallidos sociales y sus gobiernos con escaso apoyo popular. Además, la región registraba un estancamiento reflejado en un nulo crecimiento económico. La región cuenta, además con un sector vulnerable conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Por todo lo anterior, los líderes de América Latina han tenido que rápidamente modificar su agenda política para combatir la pandemia sin necesariamente contar con una red de protección social y/o económica.
Debido a su relevancia en la economía y en el empleo, los gobiernos latinoamericanos vieron la necesidad de asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas para mitigar los efectos de la cuarentena, muchos países de la región optaron por subsidios y ayudas tales como: transferencias monetarias, subsidios salariales y alivio tributario para las empresas afectadas por la parálisis de la producción y el consumo. También se sumaron inyecciones monetarias y se crearon o fortalecieron mecanismos de financiamiento para que estas empresas más vulnerables puedan acceder a...
En Argentina, unos US$ 5.300 millones fueron aprobados para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. De esta manera, el vecino país ha otorgado créditos para el pago de salarios. Además, les concedió prórrogas de vencimiento de deudas y asistió financieramente a empresas al borde de la quiebra. A través del Programa de Recuperación Productiva (Repro), un organismo ya instalado previo a la crisis, el estado argentino trata de sostener a las mipymes concediéndoles líneas de crédito.
En Brasil, a pesar de la posición controversial del presidente Jair Bolsonaro, ha puesto a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas alrededor de 6 billones de reales. Los recursos concedidos a través de la Caja Económica Federal ya superan los 2 billones de reales.
La política de asistencia a las mipymes en Chile ha sido aún más agresiva. En un primer paquete destinó US$ 11.750 millones para la protección del empleo, la inyección de liquidez a empresas de cualquier tamaño y apoyo a los ingresos de los trabajadores. Así también, en un segundo paquete armó un plan de hasta US$ 3.000 millones para aumentar la garantía estatal para créditos y apoyos a aquellas empresas con determinadas ventas anuales.
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