Integrantes de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá informaron al nuevo gobierno argentino de la denuncia penal planteada contra las autoridades de la binacional por la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992. Piden además al Congreso el rechazo del acuerdo a la designación del Ing. Ángel Recalde como director paraguayo.
Por medio de una nota presentada en la Embajada argentina en Asunción, el abogado Fidel Walter Cardozo y la señora Marta Coronel viuda de Cartes, integrantes de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá, pusieron a conocimiento de las autoridades del vecino país la denuncia penal contra las autoridades de la Entidad Binacional por la violación de las cláusulas del acuerdo internacional.
Se trata de la causa Nº 103/2015 a cargo de la fiscala especializada en Delitos Económicos, María Victoria Acuña. Según la denuncia, se han consumado violaciones del Tratado de Yacyretá, a través de la Nota Reversal de 1992 (NR 92), relativa a la Tarifa y Financiamiento del Proyecto Yacyretá. Esta tarifa a ser pagada por toda la energía posible de generar con el caudal hídrico aportado por el embalse hasta el año 2048 o más, se estableció en 30 US$/MWh, más actualizaciones.
Pese a ser rechazada por Res. Nº 492/1995, del Senado, ese acuerdo fue aplicado arbitraria e inconstitucionalmente por sucesivas administraciones de la EBY, generando un perjuicio patrimonial sin precedentes al Paraguay. “Esta Nota Reversal fue elaborada con el fin de eliminar la facturación de potencia, cuyo concepto representa el 60% de los ingresos que tendría que tener Yacyretá, establecido imperativamente en el artículo XV del Tratado, que dispone, que cuando una entidad decida no utilizar y por ello decida ceder parte de la potencia contratada y disponible, tanto de potencia como de...
Según explicó la señora Coronel, también presentaron una nota a la Comisión Permanente del Congreso solicitando que no se preste el acuerdo constitucional al nombramiento del Ing. Ángel María Recalde como director paraguayo de la EBY, pues durante su gestión implementó el Plan de Terminación de Yacyretá, creado ilegalmente por decreto de los presidentes Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Néstor Kirchner (Argentina).
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