El sector agropecuario paraguayo respira con cautela tras la reciente prórroga de la aplicación del controvertido Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), también conocido como la Ley Antideforestación. Esta normativa, que busca prohibir la compra de productos ligados a la deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020, ahora entrará en vigencia para grandes empresas a finales de 2026 y para micro/pequeñas empresas a mediados de 2027.
Reglamento antideforestación de la UE se prorroga, pero las dudas persisten
ABC Rural conversó con Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), para analizar el impacto de esta medida, los desafíos que enfrentan los productores y los diálogos con la contraparte.
“Hubo conversaciones, enviamos un cuestionario de 14 preguntas, 6 respondieron, 8 quedaron en proceso. En abril de este año fue una delegación técnica y se reunieron con representantes de UE, se habló, pero la ley no se negocia. En una aclaratoria para Paraguay, dijeron que no van a exigir los títulos de propiedad a los productores, solo el georreferenciamiento, pero el resto sigue igual; el problema sigue siendo la segregación”, comentó Cristaldo.
Cristaldo fue tajante al describir la situación: “Creo que es la crónica de una muerte anunciada. Ellos mismos (la UE) tienen problemas para poder aplicar su reglamento, primeramente sin rigor científico y tampoco en la aplicación operativa”.
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