“Redistribución tarifaria” o sencillamente “tarifazo”, para colmo de males sujeta a la aplicación de un “mecanismo” o “actualizable casi automáticamente”, tal como advertía el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en declaraciones a la prensa radial en los últimos días de octubre último.
“El problema es la poca sinceridad que se tiene con las tarifas hasta el momento”, añadía Fernández, sin aclarar la localización exacta de los embusteros: ¿En el Gobierno, entre los responsables de turno de la ANDE o en la vereda de los usuarios?
“Yo creo que está bastante desfasado”, añadía, sin precisar en qué circunstancia, corrientes o costumbres había quedado retrasado el pliego de tarifas de la empresa eléctrica estatal.
Añadía, empero, al “dólar” que es –hoy– diferente; “el costo es diferente”, además, “la ANDE sigue con las mismas tarifas desde 2017”.
No mencionó que, por ejemplo, la estatal compra electricidad de Itaipú “en dólares”, y que desde el 2024, año que el gobierno de Santiago Peña, del cual es parte integrante, en vez de pagar los costos reales de la entidad binacional luego de saldar su deuda en 2023 –hasta el 2026 inclusive– abona a Itaipú US$ 19,28/KWmes, en vez de los US$ 16,06 que rigió hasta el 2023 o alrededor de US$ 10/KWmes, que es el costo que deben adoptar los dos países (Paraguay y Brasil) tal como les manda el Tratado de Itaipú.
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