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Recuerdan vigencia de la Ley 7001/22 o Tratado de Medellín

Recuerdan vigencia de la Ley 7001/22 o Tratado de Medellín

<p>La Direccion de Cooperacion y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia recuerda la vigencia de la Ley 7001/22, por la cual se aprueba el tratado relativo a la transmision electronica de solicitudes de cooperacion juridica internacional entre autoridades centrales. Tambien conocido como el Tratado de Medellin, entro en vigor el 9 de mayo del 2019 como una “autopista electronica” para compartir documentos, una “ruta segura” que abarca inicialmente a paises de Iberoamerica pero que esta abierta a todo el mundo.</p>

La Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia recuerda la vigencia de la Ley 7001/22, por la cual se aprueba el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. También conocido como el Tratado de Medellín, entró en vigor el 9 de mayo del 2019 como una “autopista electrónica” para compartir documentos, una “ruta segura” que abarca inicialmente a países de Iberoamérica pero que está abierta a todo el mundo.

Este instrumento internacional permite modernizar y agilizar la cooperación jurídica internacional mediante la plataforma Iber@, un sistema informático que tiene las garantías de máxima seguridad y confidencialidad para la trasmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, con validez legal y sin la necesidad de envíos físicos posteriores.

Había sido elaborado por un grupo de trabajo técnico en el que participó España a través del Ministerio de Justicia, tomando como base a la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional en materia penal y civil (IberRed), creada en 2004.

El tratado posibilitará tener por válidas y efectivamente realizadas en el acto las comunicaciones a través de la plataforma Iber@ entre las Autoridades Centrales designadas en los Convenios de cooperación jurídica internacional ya vigentes entre las partes –entre otros, sobre asistencia judicial mutua, traslado de personas condenadas, extradición, sustracción internacional de menores, trata de personas etc.– y que se sujetasen al resto de formalidades establecidas en los mismos.

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