El Gobierno nacional, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ratificó su compromiso de cumplir lo establecido en la declaración universal, aunque en la práctica tiene varios asuntos pendientes, como la situación en las cárceles y en el norte.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre del Gobierno nacional, reitera su permanente compromiso en promover y cooperar con el sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos”, indicó la Cancillería en recordación a esta fecha conmemorativa a nivel internacional.
Sin embargo, desde organismos de control mencionan con preocupación los falencias del Estado en garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, muchas de ellas son situaciones que no son nuevas, pero durante este gobierno van alcanzando picos alarmantes.
La situación de las cárceles en general es una falencia recurrente de violación de Derechos Humanos en nuestro país, algo que no solo tiene como responsable al Poder Ejecutivo, encargado de las políticas penitenciarias, sino también al Judicial, encargado de juzgar los crímenes.
"En los últimos 15 años, la población penitenciaria se cuadruplicó. Estamos hablando de que en el año 2000 teníamos 3.400 personas privadas de libertad y hoy tenemos 13.800. Un crecimiento promedio entre 1.000 a 1.500 personas por año, en un sistema que está preparado para 6.000 personas según el Ministerio de Justicia”, menciona Dante Leguizamón, miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
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