La Cámara de Diputados mandó ayer al archivo el proyecto de ley que pretendía castigar con hasta 5 años de prisión a los que desacaten al Congreso, ignorando pedidos de informes.
Sin mucho debate, ya que existía consenso previo para el rechazo definitivo, la Cámara Baja logró superar por uno los 53 votos que requerían para archivar el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 1° de la Ley Nº 4711/2012, ´que sanciona el desacato de una orden judicial’”, planteando castigar con multa o hasta 5 años de prisión a los que no respondan pedidos de informes del Congreso.
El presidente de la Comisión de Legislación, diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A), argumentó a favor del rechazo, diciendo que este proyecto formaba parte de otra iniciativa que fue vetada por el Ejecutivo y que las sanciones planteadas eran muy severas.
“La falta de contestación de un pedido de informes sea considerado como un hecho punible del tipo penal, medio que está fuera del ámbito de cuestiones que puedan merecer este tipo de sanciones”, afirmó el diputado liberal, mencionando además que tiene otras medidas a asumir en el caso de que la autoridad de alguna institución sea reincidente o demuestre mala fe.
“Las Cámaras del Congreso tienen otras herramientas, como ser la interpelación, voto de censura, inclusive juicio político para accionar en caso de faltas de respuestas a algún pedido de informes del Congreso”, remarcó. Votaron por el archivamiento 54 diputados, mientras que solo los liberales Carlos María López y Rodrigo Blanco optaron por sancionar.
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