La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se llamó a silencio ante el eventual juicio político en su contra por la supuesta inacción ante casos de lavado de dinero que al final explotan en otros países. Hasta el momento, la máxima autoridad del Ministerio Público evitó hablar con los medios de comunicación sobre la orden de captura internacional que le fue impuesta por la Justicia brasileña al ex presidente Horacio Cartes y otras personas, sospechadas de integrar el esquema de una organización criminal investigados en el caso Lava Jato.
Tampoco se presentó a la conferencia de prensa donde la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca y otros agentes del Ministerio Público justificaron también el mutismo mantenido por más de 48 horas, tras estallar el escándalo del pedido de prisión.
Los agentes expresaron que la tardía reacción fue porque estaban esperando una comunicación de sus pares de Brasil, pero como esto no se dio decidieron adelantarse.
Sin embargo, no abrieron una causa penal contra Cartes, aunque Quiñónez tomó la determinación que una comitiva viaje a Río de Janeiro, Brasil, para interiorizarse del caso y recién después se va a tomar la decisión de si abren en el país una investigación paralela a los paraguayos mencionados por la Justicia del vecino país.
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