Selva Rodríguez, abogada del suboficial Gustavo Florentín, leyó un relato escrito por el principal sospechoso del crimen de Rodrigo Quintana en el local del PLRA. La carta indica quiénes dieron las órdenes, las municiones y quién habría hecho el disparo mortal.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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