La crisis institucional que atraviesa el Estado paraguayo ha puesto el foco sobre el desempeño de los organismos de control y prevención, con especial énfasis en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), encabezada por la ministra Liliana Alcaraz.
Diversos sectores ciudadanos y gremiales, entre ellos el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay (CADEP), han expresado severos cuestionamientos ante lo que califican como una «pasividad e inacción» de la institución frente a los recientes escándalos financieros y de presunta corrupción vinculados a la administración de Santiago Peña y al caso ueno bank.
El punto central de las críticas apunta a la ausencia de reportes y alertas tempranas por parte de la unidad de inteligencia financiera. Según los señalamientos realizados desde distintos sectores de la opinión pública, operaciones financieras de gran envergadura y movimientos millonarios en dólares habrían ocurrido sin que se activaran los mecanismos preventivos de la Seprelad. Para los críticos de la gestión actual, resulta inexplicable que un organismo técnico diseñado específicamente para detectar operaciones sospechosas y proteger la integridad del sistema financiero no haya advertido...
Ante este escenario, las miradas recaen directamente sobre la titular de la cartera, Liliana Alcaraz, a quien se le exige rendir cuentas sobre las razones por las cuales no funcionaron los controles institucionales durante el desarrollo de estos hechos.
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