El diputado nacional Eusebio Alvarenga había denunciado que la sentencia de Tania Irún, al ceder 310 mil hectáreas de zona de seguridad fronteriza a empresas extranjeras, ponía en riesgo la seguridad y soberanía de la república. Los soportes fueron presentados ante el Ministerio Público y la Superintendencia de la CSJ.
En el marco de la investigación penal por el hecho de prevaricato contra la exjueza Tania Irún, que lleva adelante el Ministerio Público, y también dentro del proceso de auditoria llevada adelante por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, la querella adhesiva en representación de la Asociación del Espíritu Santo presentó como prueba las declaraciones de un parlamentario.
Se trata del diputado liberal Eusebio Alvarenga, quien en medio de una sesión de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional había cuestionado el fallo de Irún, quien sedió 310 mil hectáreas de tierras del Chaco que están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El legislados había manifestado que "en el territorio chaqueño barbaridades se cometieron y desde diferentes instituciones”, en el marco del proceso que involucra a varias instituciones, desde órganos jurisdiccionales, hasta instituciones com el Indert, de contribuir en el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida del campesino y su derecho al acceso a la tierra propia.
“Ahí tenemos el caso de una jueza en lo Civil que transfirió sin autorización y en contra de la Ley 310 mil hectáreas comprometiendo la franja de seguridad fronteriza, cuya transferencia está prohibida por una ley que integra el derecho positivo nacional. Pone en peligro la seguridad y la soberanía de la República”, agregó también el diputado.
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