Francisco de Vargas, en ocasión de ejercer la presidencia de la Asociación de Fiscales, promovió la acción contra la Ley 3759 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con los siguientes argumentos:
1. El proceso ante el Jurado no respeta los principios y garantías de un proceso justo. Se cuestiona que no puede existir margen de discrecionalidad del órgano de control en las causales que puedan atribuirse al magistrado.
La Ley 3759 establece en su artículo 16 que el Jurado puede iniciar de oficio un enjuiciamiento.
Si bien también de oficio nombra un “acusador”, este no deja de ser un simple funcionario del Jurado y, por ende, empleado del órgano que ha decidido iniciar el enjuiciamiento de oficio.
Es decir, se convierte automáticamente en juez y parte, trasgrediendo de esa manera el principio de jueces independientes e imparciales, previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional (CN).
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