Mientras el proyecto de ley antichicanas presentado por el ministro Alberto Martínez Simón lleva más de un año “cajoneado” en el Congreso Nacional, las recusaciones a mansalva siguen siendo el principal recurso de los políticos para truncar sus procesos por corrupción. Un claro ejemplo es el gobernador de Central, Hugo Javier González, quien traba el avance de su proceso penal con sucesivas recusaciones a magistrados.
Una de las novedades que plantea el proyecto de ley con 16 artículos, denominado “Que establece el nuevo régimen unificado de recusaciones contra Ministros de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados Judiciales en los distintos fueros de la justicia ordinaria, actuarios judiciales y otros auxiliares de justicia”, conocido como “ley antichicanas”, es la de “blindar” contra recusaciones a los magistrados que deben resolver estos recursos, así como frenar la chicana en su inicio.
Actualmente, las defensas no solo recusan al magistrado de primera instancia, sino que también plantean la separación de los camaristas que deben estudiar dicha recusación y la de los ministros que deben intervenir la recusación a los camaristas, de manera a dilatar lo máximo posible.
En la actualidad, el juez de primera instancia no puede rechazar la recusación por más que la misma sea notoriamente infundada. A continuación, transcribimos algunos de los artículos del referido proyecto.
“4. Irrecusabilidad. Son irrecusables los Magistrados del órgano competente para entender en la recusación impugnada. Asimismo, serán irrecusables aquellos que deban entender en los recursos interpuestos contra el rechazo liminar de la recusación.
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