Unas 35 empresas hasta el momento plantearon inconstitucionalidad contra la Ley 6355, que obliga a las firmas que proveen al Estado a declarar bienes y rentas, activos y pasivos.
Las acciones, que fueron presentadas desde la semana pasada, atacan la Ley 6355, que modifica los artículos 1, 2, 4, 7, 13 y 21 de la Ley 13 que reglamenta el artículo 104 de la Carta Magna de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
En sus escritos solicitan, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la mencionada normativa hasta tanto se resuelva la acción que promovieron.
La citada ley señala que las personas físicas o jurídicas, concesionarias que bajo otra modalidad estén vinculadas con el Estado tanto de la Administración Central, como las entidades autónomas y autárquicas, las entidades binaciones, de las cuales se reciban fondos públicos o realicen actividades de interés públicos, están obligadas a la citada declaración jurada.
La legislación habla de que deben presentar la declaración los accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado.
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