El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7561 de Arbitraje, una normativa que establece el marco legal para la aplicación del arbitraje privado, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el país.
La ley, sancionada por el Congreso Nacional, define el ámbito de aplicación del arbitraje y precisa que podrá utilizarse en controversias de contenido patrimonial y transigible, así como en aquellos casos autorizados por la ley o por tratados y acuerdos internacionales ratificados por la República del Paraguay. Asimismo, aclara que sus disposiciones se aplicarán cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, sin perjuicio de ciertos artículos que también tendrán vigencia aun cuando el arbitraje se realice fuera del país.
La normativa excluye expresamente del arbitraje las controversias relacionadas con relaciones laborales individuales, aunque contempla la posibilidad de someter a este mecanismo las disputas vinculadas a deportistas profesionales, conforme a lo que establezca la Secretaría Nacional de Deportes y la Ley del Deporte.
Uno de los puntos destacados de la ley es la habilitación para que organismos y entidades del Estado, así como sociedades anónimas con participación estatal, municipalidades y entidades binacionales, puedan someter a arbitraje sus contratos y controversias con particulares, siempre que la cuestión no se rija exclusivamente por el derecho público. En estos casos, el arbitraje será de derecho y deberá respetar el principio de publicidad.
En el marco de la promulgación de esta normativa, el presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en la que abordaron los alcances e implicancias de la nueva Ley de Arbitraje, así como su impacto en el sistema judicial y en la seguridad jurídica del país.
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