La procuradora general brasileña, Raquel Dodge, pidió esta semana al Gobierno Federal, al Funai, al Incra, a Itaipú Binacional y al Estado de Paraná que compensen los daños causados a los avá.
Este lunes 9, la procuradora general del Brasil, Raquel Dodge, titular del Ministerio Público Federal, solicitó la condena de la Unión (el Gobierno Federal de Brasil), el Estado de Paraná, la Fundación Nacional Indígena (Funai), el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y de la Itaipú Binacional por los daños causados por la hidroeléctrica a las comunidades avá guaraní que habitaban en la región afectada por la represa.
El anuncio fue publicado en el sitio web del Ministerio Público Federal del Brasil, donde se indica que la medida busca reparar las violaciones de los derechos sufridos por los pueblos indígenas desde la construcción de la planta hidroeléctrica, ocurrida entre 1978 y 1982, y que continúan hasta nuestros días. La procuradora señaló que muchos de los nativos fueron expulsados y excluidos del proceso de reasentamiento y reparación promovido por el estado brasileño. La investigación de ÚH detalló que las investigaciones antropológicas determinan que en Brasil fueron unos 40.000 los indígenas...
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