Al tiempo de colegir sobre nuevos procedimientos normativizados en nuestro sistema jurídico, hemos de reflexionar sobre la herramienta tendiente a la “optimización” del sistema procedimental en materia de aplicación de la figura del comiso, en sus distintas formas. Pues bien, la doctrina reconoce al “comiso” como un instituto jurídico de aplicación escasa, en razón a que (anteriormente) no se correspondía a un procedimiento (normativo) adecuado, con todos los trámites necesarios para obtener una sentencia acorde a los principios y garantías de orden constitucional bajo un debido proceso.
Por consiguiente, nos encontramos ante la (vigencia) de la Ley N° 6431/19 “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo”. Así, la regulación instala su ámbito de aplicación bajo el objetivo principal de justipreciar un “procedimiento” para la aplicación del comiso, la inutilización de publicaciones, la privación de beneficios o comiso especial y el comiso especial extensivo, tanto en el marco de un proceso penal ordinario como en un proceso penal autónomo.
En tanto, todo procedimiento que ocupe investigación y juzgamiento debe estar moderado bajo los lineamientos de la Constitución de la República, del Derecho Internacional vigente, del Código Procesal Penal y de las reglas especiales establecidas en la referida Ley. Es que, la formación de estas disposiciones procedimentales se han desarrollado a partir de las “40 Recomendaciones del GAFI”, que instalan que: “Los países deberán contar con medidas, incluso legislativas, que permitan a sus autoridades competentes: (a) identificar, rastrear y valorar bienes sujetos a decomiso; (b) ejecutar...
Así, la normativa nacional se complementa (necesariamente) con el cumplimiento a los requerimientos internacionales, para frenar la evolución de la criminalidad organizada, tal como lo determinan la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado (Convención de Palermo), la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena), y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por mencionar algunas.
A este respecto, existen “reglas generales” dentro de este procedimiento especial, que resultan aplicables en el proceso penal ordinario o de forma autónoma (generalmente) cuando proceda: - La privación al autor o partícipe de un hecho antijurídico, del beneficio obtenido de éste; - La privación de beneficios a un tercero, cuando este sea beneficiario, conforme al alcance establecido en el Artículo 90 inciso 2° del Código Penal; - Cuando no sea suficiente o no sea posible ejecutar la orden de comiso especial, porque los presupuestos de los artículos 91 y 94, inciso 2° del Código Penal, se...
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