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Causó casi un rechazo general la nominación por decreto de quiénes serán las instituciones y los funcionarios que manejarán la renegociación del Anexo C de Itaipú e incluso de la posible revisión del mismo Tratado de la hidroeléctrica binacional.
Aunque resulta una atribución excluyente del Poder Ejecutivo, la citada revisión tendrá que basarse en irrebatibles argumentos técnicos, jurídicos y políticos. De allí la necesidad de que los negociadores posean una sólida formación académica y experiencia en la materia energética, así como en la macroeconomía con énfasis en la función estatal clave dentro del bienestar social general.
Pero no se puede dejar de mencionar que, como en toda negociación, las dos partes paraguaya y brasileña deberán ponerse de acuerdo en puntos esenciales, como es el caso del precio de la energía, los costos conjuntos a asumir para la generación eléctrica, junto a un aspecto insoslayable, como es la retirada de toda la energía del 50 por ciento que le corresponde a la parte paraguaya, y su reventa a cualquier comprador, sea éste nacional o de otra procedencia, incluso brasileña.
Otro tema no menos preocupante resulta la implicancia que tendrá en las tratativas el status de Eletrobras, la empresa del país vecino que contrata la energía de Itaipú y que está en proceso de privatización, lo que insinúa la posibilidad de un manejo mucho más empresarial y menos político en la binacional, en ambas márgenes, la cual tendrá que adecuarse a una nueva realidad de menores costos operativos con el fin de reducir al máximo el costo de la energía.
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