Los jefes de instituciones públicas son los primeros en recibir beneficios extras que sindicalistas no quieren que sean recortados. La presidenta de Petropar cobra por “peligrosidad”.
Aunque se mantengan en silencio sobre los recortes que pretende realizar el Ministerio de Hacienda a los beneficios adicionales, los titulares de entes públicos son los primeros en recibir los millonarios pagos que sus sindicalistas exigen que sean mantenidos.
Es el caso, por ejemplo, de la jefa de Petropar, Delia Patricia Samudio Torrás. De acuerdo a la nómina de funcionarios que publica la institución, además de un sueldo de más de G. 9 millones, ella recibe numerosas bonificaciones extraordinarias.
Por ejemplo, cobra más de G. 2 millones por gastos de representación, otros G. 5 millones por “bonificación”, G. 4 millones por gestión administrativa y otros G. 4 millones por gestión presupuestaria. A todo ello se le suma además G. 672.896 por “peligrosidad”, aunque no se entiende a qué peligros se podría exponer siendo presidenta del ente.
Como si todo esto no fuera suficiente, a fin de año además del aguinaldo proporcional a su sueldo, recibió otro aguinaldo proporcional a varios de sus beneficios adicionales.
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