En su escrito, la fiscala general alega que las abogadas denunciadas buscan “afanosamente obstaculizar la labor fiscal del Ministerio Público, puesto que las mismas han planteado diversos recursos contra todos los agentes fiscales a nivel país que forman parte de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico”. Puntualiza que dichas profesionales del Derecho ya han recusado a casi 50 agentes fiscales y 3 fiscales adjuntos durante el proceso investigativo, “demostrando la clara intención que tienen, que es la de dilatar el proceso e interferir en el trabajo fiscal”.
Ante esta serie de conductas cometidas por las abogadas, “con el solo fin de entorpecer o dilatar la labor fiscal”, la Fiscalía General denuncia el caso y pide a la Superintendencia la investigación de las actuaciones y posterior sanción a las mismas.
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