El juez Humberto Otazú rechazó la reposición del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y demás imputados, contra la providencia que fijó fecha de audiencia preliminar. En lo que respecta al pedido de sanción solicitado por los fiscales del caso, el Juzgado dispuso que se recaben informes de los recursos, incidentes y/o excepciones planteados […]
El juez Humberto Otazú rechazó la reposición del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y demás imputados, contra la providencia que fijó fecha de audiencia preliminar. En lo que respecta al pedido de sanción solicitado por los fiscales del caso, el Juzgado dispuso que se recaben informes de los recursos, incidentes y/o excepciones planteados por las defensas.
La defensa alegó que se encuentra pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad promovida contra las resoluciones de primera y segunda instancia recaídas en la excepción de incompetencia territorial y material opuesta en la presente causa, la cual tiene efecto suspensivo, considerando que las resoluciones mencionadas tienen fuerza de sentencia definitiva, sin posibilidad de que la misma excepción pueda ser planteada o revisada nuevamente en otra etapa del proceso, lo que torna aplicable al caso el efecto suspensivo establecido en el art. 559 del CPC.
Hizo mención a lo definido por la Sala Constitucional al resolver la excepción de inconstitucionalidad planteada por esta misma defensa, la excepción de incompetencia territorial y material es una excepción previa, es decir una excepción que debe ser resuelta en forma previa a cualquier otra cuestión en el proceso penal.
En su análisis, el magistrado resaltó que la causa no se encuentra en estado de sentencia ni tampoco existe una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en consideración que las resoluciones recurridas no tienen fuerza de sentencia definitiva porque no podrían fin al proceso, por lo que el pedido de la defensa deviene a todas luces improcedente y al solo fin dilatorio.
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