Para salvar a legisladores imputados como Carlos Portillo (PLRA, efrainista) o Tomás Rivas (ANR, cartista), en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que complica la pérdida de investidura. Buscan que sea el TSJE y no el pleno el que destituya a un parlamentario.
El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), titular de la comisión especial destinada a reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura parlamentaria, presentó ayer ante el pleno de la Cámara Baja las conclusiones del órgano asesor.
Los legisladores miembros, tras consultar con algunos expertos jurídicos, resolvieron presentar dos proyectos que debían ser analizados en la víspera. Finalmente, no tuvieron entrada y el tratamiento quedó pendiente.
El proyecto de “blindaje” que tendría mayoría plantea que sean los tribunales de la Justicia Electoral, un órgano altamente politizado y refugio de los cupos para operadores políticos y planilleros, la instancia que defina la destitución de un legislador acusado de tráfico de influencias.
La propuesta fija que el Tribunal Electoral de la Capital (TEC) juzgue al legislador en primera instancia respetando el debido proceso y con la participación de un “fiscal de turno”.
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