Tras un intenso debate, el Senado postergó por una semana el estudio del proyecto de ley que modifica la ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados a personas u organizaciones vinculadas al crimen organizado para disponer que parte del dinero que rinda el manejo de estos bienes sea también girado a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la rehabilitación de las personas adictas a las drogas.
Algunos senadores, como Desirée Masi (PDP) y Hugo Richer (Frente Guasu) advirtieron el riesgo de que las ONG sean beneficiadas, ya que no existe un control adecuado de las mismas y hay antecedentes en cuanto a manejos poco claros de las mismas. Destacaron además que debía ser algo analizado en el marco de una política de Estado.
La misma postura tuvo la bancada de Patria Querida. Masi dijo que inclusive solamente hay dos de ellas que están reconocidas en el país y ambas se manejan con sus propios recursos por lo cual no necesitan el respaldo del Estado.
No obstante, algunos senadores, como Abel González (PLRA), proyectista de la ley, y Bartolomé Ramírez (PLRA) destacaron que las ONG realizan un buen trabajo y que el problema de la adicción es muy grave actualmente en nuestro país.
Finalmente, Antonio Barrios (ANR-HC) y Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) propusieron la vuelta a comisión para realizar modificaciones referidas al control de las ONG que serán beneficiadas y volver a tratarlo en una semana.
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