A más de G. 235.000 millones (US$ 40,7 millones) ascienden los pedidos de ampliación del presupuesto 2018, generados en su mayoría a partir de iniciativas de los parlamentarios. Hacienda mira con preocupación la eventual aprobación de estos números porque no hay recursos.
Las solicitudes que se encuentran en estudio en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores llegan actualmente a 22, de acuerdo con los datos recabados en el Legislativo.
En su mayor parte son para aumentos salariales, pago de bonificaciones y gratificaciones, creaciones de cargos, contratación de personal, equiparación salarial, inversión física, merienda escolar y otros tipos de gasto. Los beneficiados van desde las entidades que componen el Poder Judicial, las gobernaciones y otras entidades dependientes del Ejecutivo y la Universidad Nacional de Asunción (UNA), así como fundaciones o entidades sin fines de lucro que reciben aportes del Estado para su funcionamiento.
El mayor monto corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por unos G. 92.800 millones para gastos en servicios personales (salarios y otros beneficios para el personal), bienes de consumo e insumo, inversión y otros gastos.
A su vez, otro pedido de la máxima instancia judicial es de G. 12.795 millones para bonificaciones y gratificaciones, así como la creación de 17 cargos.
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