Un grupo de vecinos de la colonia Tape Yke del distrito de Itakyry, recurrieron a parlamentarios y al ministro del Interior para poner fin a un conflicto de tierra de larga data. Los afectados afirman que si no se busca una salida pacífica al problema, podría desatarse un enfrentamiento. Hay dos resoluciones judiciales contradictorias en torno al caso.
Piden solución pacífica para evitar enfrentamiento por conflicto de tierra
El conflicto en cuestión se desató cuando las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) dispusieron que un grupo de indígenas ocupe una extensa finca de más de 1.300 hectáreas, que supuestamente habían adquirido para reubicarlos. Sin embargo, la adquisición fue solo en los papeles, según denunciaron las propias autoridades anteriores de la INDI.
El lugar sindicado es la colonia Tape Yke, donde en unas 120 hectáreas están asentados seis antiguos pobladores que cuentan con título de propiedad. Pese a ello, los aborígenes autodenominados miembros de la comunidad Ka’a Poty, liderada por Marta Isabel Díaz, invadieron varias parcelas hace más de dos años. Los indígenas se instalaron en las cercanías de las casas y colocaron tranqueras en algunos sectores, dejando aislados a algunos vecinos dentro de sus propias casas.
Tras varios meses de litigio, los vecinos lograron una orden de desalojo firmada por la jueza de Itakyry Emilce González. Esto motivó que los indígenas fueran a Asunción a protestar contra el desalojo, y la jueza Magalí Zabala dispuso que los nativos vuelvan a ubicarse en las tierras disputadas. Esto, sin considerar que está vigente otra resolución judicial que dispone la protección y resguardo de las propiedades.
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