El Juzgado de Primera Instancia en lo laboral del sexto turno, a cargo del juez Jorge Barboza Franco, resolvió remitir a la Sala Constitucional de la Corte el expediente del amparo que promovió un grupo de ciudadanos contra el tarifazo de la ANDE para que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del decreto del Poder Ejecutivo que aprueba el pliego 21.
La acción de amparo colectivo fue promovida la semana pasada por unos 10.000 usuarios del servicio de energía eléctrica de la ANDE para solicitar una medida cautelar que suspenda los efectos establecidos en el pliego tarifario N° 21, aprobado por decreto N° 6.904, firmado por el presidente Horacio Cartes.
El principal argumento esgrimido por los amparistas es que el nuevo pliego “es injusto y arbitrario” desde el momento que carga sobre las espaldas del usuario, que paga con esfuerzo su consumo de energía, las pérdidas ocasionadas por la mala gestión de la empresa estatal.
“El Poder Ejecutivo, antes de aprobar el reajuste del precio de las tarifas, debió implementar una investigación que permita legalizar a ese 30% de los usuarios de la ANDE que opera en la clandestinidad (...) El daño para el usuario resulta real y tangible, tal como requiere la doctrina para el amparo”, señala en una parte el expediente.
Asimismo, refiere que en la contestación de la demanda, tanto la Procuraduría General de la República como la ANDE han advertido que la presente cuestión se centra en torno a la legitimidad o ilegitimidad constitucional del decreto N° 6.904 del 10 de marzo de 2017. Por consiguiente, corresponde elevar directamente a la Sala Constitucional de la Corte todo lo actuado a los efectos que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del mencionado decreto, dice en otra parte la resolución del juez Jorge Barboza.
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