El nuevo equipo fiscal asignado a la pesquisa del ataque en San Bernardino, el 30 de enero pasado, solicitó informes sobre el espacio y del personal a la organización, así como el protocolo de seguridad a la Policía y datos sobre la empresa que brindó la ambulancia para el evento.
La fiscala general del Estado, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, asignó a las fiscalas Natalia Silva, Laura Giacummo y Luz Guerrero, como nuevo equipo para llevar a cabo la investigación relacionada al trágico suceso del 30 de enero último, en el anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino.
El equipo se enfocará a la cuestión organizativa del evento, donde murieron el supuesto microtraficante Marcos Ignacio Rojas Mora (29 años) y la mediática Cristina Isabel Aranda Torres (29), conocida como Vita Aranda y esposa del futbolista de Olimpia Iván “Tito” Torres.
Como primeras diligencias, las fiscales pidieron informes a la firma “G5Pro”, encargada de la organización del evento, sobre los protocolos de seguridad y la nómina de guardias de seguridad asignados para la cobertura, así como la remisión de los contratos firmados con la empresa encargada de la custodia. Lo último sería ante versiones surgidas sobre que se habría pagado a particulares, inexpertos, para esa función.
También solicitaron a los organizadores la entrega de planos del anfiteatro, con la distribución de los distintos sectores y la disposición de las salidas de emergencia.
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