Sugestivamente la administración de Justicia sigue otorgando privilegios a peces gordos tanto del ámbito político como empresarial. El caso Tamara Serrati y Alejandro Pozo, directivos de la empresa Cargill en Paraguay es otra muestra. Ambos fueron imputados por la agente fiscal Elena Fiore, quien encontró indicios para sostener la acusación por supuesta estafa de USD […]
Sugestivamente la administración de Justicia sigue otorgando privilegios a peces gordos tanto del ámbito político como empresarial. El caso Tamara Serrati y Alejandro Pozo, directivos de la empresa Cargill en Paraguay es otra muestra.
Ambos fueron imputados por la agente fiscal Elena Fiore, quien encontró indicios para sostener la acusación por supuesta estafa de USD 650.000 en perjuicio de la empresa La Paraguaya Express, una firma de agronegocios que hizo entrega de materias primas y que pese a contar con un contrato mediante el cual Cargill se compromete a pagar la carga, no pudo efectivizar.
Lo llamativo es que mientras al tercer imputado en el caso, el representante de la firma Ágape, Celio Ramón Ortiz, se le impuso medidas alternativas a la prisión (al menos), los funcionarios de Cargill siguen ilesos.
Esto llamo la atención tanto del ministerio Público como de la querella adhesiva. A finales del año pasado, directivos de La Paraguaya y la propia fiscal del caso fueron hasta el juzgado para averiguar la lentitud del proceso que beneficia a Serrati y Pozo.
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