La fiscala Natalia Silva, de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, aparentemente solicitó al juez penal de Garantías Rolando Duarte la desestimación de la causa contra la diputada Kattya González (PEN), denunciada por supuesto uso indebido de influencias.
Sin embargo, aunque la representante del Ministerio Público asegura que durante la investigación no halló elementos suficientes para comprobar la existencia del mencionado delito, el denunciante, el empresario Rauand Rauf Latif, asegura que desde que formuló la denuncia (hace más de un año y medio), en ningún momento fue citado por la fiscala para declarar sobre los hechos ocurridos, situación a la que considera sumamente llamativa.
Rauf Latif sostiene que el delito efectivamente existió y que hay muchas pruebas de ello. Dice además que el argumento de la fiscala para solicitar la desestimación es que para que exista tráfico de influencias González debió entregar o prometer la entrega de equis suma de dinero, hecho que el Ministerio Público no pudo comprobar.
Pero el empresario menciona que el delito por el cual la parlamentaria fue denunciada (uso indebido de influencias) no es lo mismo que el tráfico de influencias al que se refiere la fiscala. El uso indebido de influencias es el abuso del poder para beneficio propio o de terceros, menciona.
El empresario lamenta la actuación de la Fiscalía, ya que no se contó con su versión para tomar una decisión tan delicada respecto a la denuncia. Recordó que González hizo todo lo que estaba a su alcance para cerrar su empresa, aunque la misma contaba con todos los documentos necesarios para su funcionamiento.
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