Según la Resolución 15/18 del Fisco, las sanciones deben empezar el 1 de diciembre. Sin embargo, los gremios contables alegan que en las últimas semanas se han presentado inconvenientes en el acceso al sistema informático de la Abogacía del Tesoro, lo que hizo imposible el cumplimiento de los procesos establecidos en la ley y en el decreto reglamentario.
A esto, prosiguen, gran parte de las presentaciones realizadas para inscripción y comunicaciones de asambleas ni siquiera han sido respondidas, lo que genera atrasos en la realización de procedimientos posteriores.
El Ministerio de Hacienda ya postergó en dos ocasiones la puesta en vigencia de las sanciones, debido principalmente a la falta de socialización de las normativas y la falta de capacidad para dar trámite a los numerosos pedidos de las sociedades.
Críticas. Los profesionales contables cuestionan además los valores de las multas fijadas en la reglamentación, que van desde los 100 jornales (G. 8.125.200) hasta los 500 jornales (G. 40.626.000), son altamente abusivos, confiscatorios y punitorios para faltas administrativas (ver info).
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