Los senadores y diputados promueven y sancionan leyes de racionalización del gasto público, pero luego se autoexcluyen de cumplir mediante artículos que cada año incorporan en la ley de presupuesto. El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 no será la excepción.
Una es impulsar proyectos de ley con argumentos como eliminar privilegios en la función pública, recortar gastos superfluos, ahorrar recursos para destinar a gastos prioritarios como salud y educación, entre otros.
En ese contexto, por ejemplo, aprobaron en el Congreso la Ley N.º 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público.
También la Ley N.º 6954/2022, que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios del los tres Poderes del Estado y de organismos y entidades del Estado.
Se suma la eliminación en 2020 de un artículo de la ley de presupuesto que otorgaba a las autoridades pasajes aéreos en primera clase para sus viajes misionales, excepto para el presidente y vicepresidente de los Poderes del Estado.
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