Ayer se presentaron dos denuncias relacionadas a la fuga de gasoíl en un surtidor de Petropar, instalado sobre la Av. Ñu Guasu, durante la era Cartes. Hugo Cardozo, director jurídico del Ministerio del Ambiente, cree que “el daño no hubiera sido grave si se tomaban medidas inmediatas”.
Patricia Samudio, presidenta de Petropar, patrocinada por el asesor jurídico de la empresa pública, Miguel Cáceres, denunció ayer ante el Ministerio Público el daño económico y ambiental provocado por el derrame de combustible en el surtidor de Petropar, instalado en la autopista Ñu Guasu en el 2017 durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes.
En la denuncia se relata que en noviembre de 2018 se hicieron pruebas laboratoriales a los productos que vendía la citada estación y comprobaron que con cada lluvia “se acumulaba gran cantidad de agua en el Sump de los tanques subterráneos” de combustibles. Posteriormente, un equipo técnico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) corroboró la contaminación del área. La estatal, bajo la nueva administración en el Gobierno actual, contrató por G. 5.668 millones a la consultora Disab para iniciar el plan de mitigación y la reconstrucción del surtidor.
Como prueba, Samudio, entregó dos informes. El de los funcionarios de Petropar y de Disad, que detallan las anomalías detectadas.
Ayer, asimismo, la secretaria general del Mades, María Bobadilla, remitió a Fiscalía el expediente 489 de 39 páginas, resultado del sumario administrativo abierto por la institución sobre el caso, según explica, para cumplir el Art. 57 de la Ley 1626 que habla de denunciar hechos punibles detectados.
Leer la nota completa en Diario ABC
