Un hombre que era trasladado el lunes a un hospital de emergencia de Lima murió dentro de una ambulancia debido al bloqueo de una carretera. Las vías estaban inhabilitadas por el paro de transportistas y agricultores que protestaban debido al alza de precios del combustible. El descontento social ha cumplido ya una semana, en la que han muerto cuatro personas y otras 20 han resultado heridas.
Durante el lunes circularon en redes sociales imágenes de buses de transporte público incendiados, autos particulares bandalizados, tiendas saqueadas y comerciantes desesperados. Frente a ello, casi a la medianoche, el presidente peruano, , anunció la inmovilización social en Lima y Callao desde las dos de la mañana hasta las 11:59 de la noche de este martes. Una medida que distintos sectores han criticado fuertemente por ser desproporcionada.
Sin embargo, según medios locales, los videos que mostraban buses quemados o los rumores de saqueos en la capital peruana habrían sido falsos, y se habrían compartido rápidamente para generar pánico en la población. Por ejemplo, el material sobre un bus de transporte público en llamas fue grabado en 2021. Otras de las imágenes que generaron desconfianza muestran a vándalos encapuchados saqueando negocios, llevándose artículos que no son de primera necesidad, como cajas de cerveza.
"Había un grupo pequeño de gente buscando azuzar la existencia de esos saqueos, pero todas esas informaciones fueron desmentidas. A pesar de ello, esa es la información que habría detonado la decisión presidencial de emergencia”, explica a DW José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la Universidad Católica de Perú. Para Godoy, el problema también está en que el país se encuentra atrapado entre dos extremos: la derecha extrema, que quiere sacar de la presidencia a Castillo, y la izquierda extrema, que pide una nueva Constitución para solucionar los problemas sociales.
Los propios gremios de transportistas formales, por su parte, se han deslindado de los actos de violencia. Pero pese a los diálogos que han sostenido con el Ejecutivo aún no se ha llegado a un acuerdo. Por otro lado, llama la atención que el desborde de este conflicto social ocurra mientras se incendia el edificio de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía, donde se investiga, entre otros, actos de corrupción del actual gobierno y que el país, uno de los más golpeados por la pandemia, aún no cuente con un nuevo ministro de Salud, desde que el último, Hernán Condori, fuese censurado por...
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