La grave crisis que afronta Perú, donde gran parte de la ciudadanía rechaza al Gobierno transitorio de Manuel Merino tras la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso muestra el hartazgo ante una clase política a la que se acusa de corrupta y de velar sólo por sus intereses particulares. El país aguarda resolución de la Corte.
LIMA (EFE). Peruanos de todas las edades, clases sociales y ideologías exigen un cambio en el manejo de su país, inmerso además en una grave crisis sanitaria y económica por la pandemia.
LEGITIMIDAD EN DUDA. Manuel Merino, quien era presidente del Congreso, asumió el pasado martes la jefatura del Estado en reemplazo de Martín Vizcarra (al que el Legislativo acusó de “incapacidad moral” tras ser denunciado por presunta corrupción), porque este no tenía vicepresidentes y en cumplimiento de lo que indica la Constitución.
En sentido estricto, el proceso cumplió con el procedimiento legal, ya que Vizcarra fue destituido con el voto de 105 de los 130 parlamentarios, aunque son numerosos los juristas, constitucionalistas y políticos que remarcan que si bien tuvo legalidad, carece de legitimidad.
Esto se explica porqué la ciudadanía no acepta la decisión tomada por el Legislativo, ya que considera que Vizcarra debió concluir su mandato hasta el próximo 28 de julio para luego ser investigado y, de ser necesario, procesado por la Justicia.
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